Luego de las declaraciones del Presidente Trump la semana pasada en el sentido de que se debe eliminar la deuda de $72 mil millones de dólares que tienen Puerto Rico, han habido varios intentos para buscar “explicar” lo que quería decir, o para pretender que “no quiso decir” lo que dijo.
En la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca el pasado jueves 5, la secretaria de Prensa, Sarah Sanders, le dijo a los periodistas que lo que Trump quiso decir es que Puerto Rico debe seguir el “proceso” que se estableció con la ley del gobierno de Obama de 2016, la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en sus siglas en inglés) la cual permite que Puerto Rico se declare en bancarrota por medio del mecanismo del llamado Titulo III de la Ley, el cual de hecho la junta de control financiero de la isla activó el 3 de mayo de este año, cuando introdujo en una corte federal una petición para declarar al gobierno bajo protección de bancarrota. Este mecanismo solo existe para Puerto Rico, ya que debido a una ley federal de 1984, el gobierno de la isla tiene prohibido gozar de la protección de bancarrota del Capítulo 9.
Sanders insistió que Puerto Rico “tendrá que pasar por ese proceso para que pueda recuperarse y tener un crecimiento duradero”, e insistió en que la “junta consultiva” (que no se llama así, sino Junta de Control Financiero) es la que tiene que ver con los asuntos de la deuda.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones de la Sanders, se está llevando a cabo un intenso debate sobre este tema, en base a la contundente realidad de que Puerto Rico no está en posición de pagar nada; no tendrá forma de generar ingresos fiscales ni de recabar impuestos por mucho tiempo, como ya lo reconoce incluso la junta de control. Según el portal electrónico The Interceptdel viernes 6, en cualquier caso, ahora el escepticismo de la junta de control es mayor al que tenía antes de que el huracán María golpeara la isla, y dudan de que “la isla vaya a poder pagar cualquier porción considerable de su deuda”. La junta de control se reunió hace una semana por primera vez desde el huracán María para “reconsiderar” su plan fiscal actual, a la luz de los daños causados por la tormenta y la ausencia de ingresos, pero no se dieron detalles de a qué conclusiones llegaron.
Los procedimientos para la bancarrota se iniciaron en mayo de este año, y están congelados en la corte de distrito de la juez federal Laura Swain, en Nueva York, y no han avanzado para nada, en tanto que los tenedores de bonos demandaron a la junta de control por invocar el Título III de bancarrota. Pero incluso aunque haya un alivio a la deuda, la junta de control tienen la intención de jugar un rol importante en la isla, para forzar al gobierno a que se ciña a un presupuesto equilibrado, lo cual implica continuar con las medidas de austeridad. Pero como señala correctamente The Intercept, el huracán María “puede muy bien también haber alterado las medidas referentes a la austeridad, mientras que los llamados para invertir en la reconstrucción de infraestructura podrían superar la demanda por los recortes”. Fuentes en Washington, DC, le dijeron a la EIR que ya hay iniciativas caminando en el Congreso para “reconsiderar” la detestable Ley PROMESA.
Fuente: LaRouche PAC Español
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